INTRODUCCIÓN
“El concepto de maternidad a lo largo de la historia, aparece como un conjunto de creencias y significados en permanente evolución, influidos por factores culturales y sociales, que han ido apoyándose en ideas en torno a la mujer, a la procreación y a la crianza, como vertientes que se encuentran y entrecruzan en la interpretación. Siendo la maternidad un concepto que se intercambia en el espacio social, su interpretación y repercusión en la experiencia individual es muy significativa, siendo por largo tiempo tal vez la investidura más poderosa para la autodefinición y autoevaluación de cada mujer, aún de aquellas que no son madres” (Molina, 2006, p. 93)
De acuerdo con cifras entregadas por Gendarmería de Chile (GENCHI) al 31 de marzo de 2021, hay 3.203 mujeres privadas de libertad en régimen de control cerrado en las cárceles del país. Esto significa que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva o ya han sido sentenciadas por un tribunal al cumplimiento efectivo de la condena, ya sea en uno de los cinco Centros Penitenciarios Femeninos existentes o en alguno de los 19 Centros Penitenciarios Mixtos que cuentan con secciones femeninas, de un total de 84 cárceles en el país. A esto se suma que un informe del Centro de Estudios Justicia y Sociedad (C.J.S.) del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica indica que, al mismo mes de 2021, el 89% de las mujeres privadas de libertad son madres. Según los últimos indicadores entregados por Gendarmería en el Boletín Estadístico de octubre de 2019 –la información más actualizada disponible hasta la fecha– ese año había 75 mujeres embarazadas, 104 con hijos/as o lactantes menores de 2 años, y 106 niños/as lactantes menores de 2 años dentro de las cárceles de Chile.
Pese a que existen diversas investigaciones, análisis e informes desarrollados por organismos estatales y privados sobre la condición carcelaria del país, la maternidad tras las rejas es un tema que rara vez aparece en los medios de comunicación y que, por lo mismo, la opinión pública apenas reconoce. Ocultas en una realidad que hoy no es prioridad para el Estado chileno, las mujeres madres privadas de libertad existen en las cárceles del país y, aunque son ellas quienes cumplen penas privativas de libertad, sus hijos e hijas quedan condenados, de manera indirecta, a la misma reclusión. Algunos niños y niñas nacen en la cárcel o permanecen en ella mientras avanza el plazo de la investigación penal, durante la prisión preventiva de su progenitora o en el transcurso del cumplimiento efectivo de su condena. Vivir entre muros es la única realidad que esos niños y niñas conocen: sus primeros años de formación transcurren siendo testigos de los conflictos internos de las cárceles, aprendiendo códigos antes que palabras y enfrentando, desde el nacimiento, el dolor de una separación obligada cuando cumplan los dos años de edad.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad, las mujeres privadas de libertad que son madres solo pueden ejercer su derecho a la maternidad durante los dos primeros años de vida de sus hijos e hijas. Cumplida esa edad, el o la menor debe ser retirado del recinto penal y entregado, en el mejor de los casos, a familiares directos o cuidadores en el exterior; en su defecto, queda a cargo de instituciones estatales como el Servicio Nacional de Menores (SENAME) o de casas de acogida. Esta norma, establecida en el Código Procesal Penal (C.P.P.), provoca un desapego forzoso entre madre e hijo/a que puede generar desequilibrios emocionales en estas mujeres e interferir en el desarrollo del niño o niña en plena etapa de formación, exponiéndolo a lo largo de su vida a mayor vulnerabilidad frente a la delincuencia juvenil, la deserción escolar o trastornos psicológicos y psiquiátricos (Hagan, 2012, pp. 37-69).
A ello se suma que, en nuestro país, el sistema judicial ha sido diseñado por y para hombres. Por esta razón, para las mujeres encarceladas resulta especialmente difícil hacer respetar sus derechos y ejercer su maternidad tras las rejas, dadas las condiciones mínimas que ofrecen los recintos penales. Chile es, de hecho, el segundo país de Sudamérica con mayor proporción de mujeres privadas de libertad –un 8,4% del total de la población penal–, superado únicamente por la Guayana Francesa, con un 9,9%. Recién en 2005 comenzaron a implementarse medidas a nivel gubernamental para habilitar espacios destinados a los hijos e hijas de madres privadas de libertad, un avance que hasta hoy sigue siendo mínimo. Varios proyectos que permitirían dignificar la maternidad en la cárcel llevan años durmiendo en el Congreso.
Una de las iniciativas que ha estado sobre la mesa es la suspensión de la ejecución de sentencia para mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años, conocida como el Proyecto de Ley (P.D.L.) “Sayén”, que busca modificar el C.P.P. y que fue presentado en 2016 por los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana. El proyecto permanece detenido en el Senado desde el 24 de septiembre de 2019, durante su primer trámite constitucional, a la espera de ser analizado en particular por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta. Su nombre rinde homenaje a Sayén, hija de Lorenza Cayuhán, la mujer mapuche obligada a parir engrillada en octubre de 2016, hecho que constituyó una vulneración de los derechos humanos tanto de ella como de su hija recién nacida. El episodio derivó en un escándalo dentro de Gendarmería y terminó con dos funcionarios imputados, quienes se declararon culpables en un juicio abreviado y fueron condenados al pago de 2 UTM por el delito de vejaciones injustas contra la comunera mapuche.
Cabe destacar que esta realidad, muchas veces invisibilizada, se ha visto agravada por la pandemia de coronavirus: desde hace más de un año, las personas internas en las cárceles de Chile no reciben visitas, como medida preventiva frente a los contagios de COVID-19. El desapego, así, se transformó en una condición obligatoria. Las madres con hijos en el exterior no pueden verlos, y los niños y niñas que viven con sus madres en los recintos penales tampoco comparten con ningún otro familiar en libertad. Frente a esta situación, el Estado chileno ha mantenido una política de abandono constante que llevó, incluso, a que las madres que conviven con sus hijos e hijas en el Centro Penitenciario Femenino (C.P.F.) de San Joaquín solicitaran al Papa Francisco que intercediera para que la justicia chilena modificara las condenas de las mujeres que son madres de menores de edad, en tanto se les está privando tanto a ellas de ejercer la maternidad como a sus hijos e hijas de construir un vínculo emocional con sus progenitoras.
De ahí que esta investigación busque dar a conocer la realidad de las mujeres privadas de libertad desde su rol de madres, con el propósito de visibilizar a un grupo de la población históricamente olvidado y discriminado. En el presente, las mujeres privadas de libertad parecen ser víctimas de un sistema judicial y cultural profundamente patriarcal, en el que las necesidades y requerimientos de rehabilitación y reinserción están pensados casi exclusivamente para hombres. Los programas de apoyo que existen –orientados a superar la adicción a las drogas y el alcohol, o a romper el círculo de la pobreza y la delincuencia para evitar la reincidencia– responden a una política pública de reinserción social centrada en la población masculina. Estas herramientas carecen de una perspectiva de género y no están pensadas para las reclusas, a quienes se sigue capacitando conforme a roles y estereotipos de trabajo femenino, mediante cursos de peluquería, manicure, costura o cocina, sin entregarles conocimientos reales que les permitan sobrevivir fuera de la cárcel, acceder a un trabajo digno y, sobre todo, ejercer su maternidad como cualquier otra mujer del país.
FUNDAMENTACIÓN Y RELEVANCIA PERIODÍSTICA
Pertinencia
La maternidad en prisión es un tema escasamente abordado por los medios de comunicación a nivel nacional, en parte debido al prejuicio de que las mujeres condenadas a penas privativas de libertad pierden todos los derechos consagrados en la Constitución Política de la República (C.P.R.). Sin embargo, la libertad personal es el único derecho que pierde quien ha sido condenado a una pena de cárcel, y solo durante el período de cumplimiento efectivo de esa condena. De hecho, a la ciudadanía suele costarle comprender que las madres que cumplen condena en prisión tienen derecho a ejercer su maternidad, y que sus hijos e hijas tienen derecho a construir un lazo afectivo con ellas. En este escenario, donde el derecho a ejercer la maternidad se ve vulnerado, el periodismo –como disciplina– no solo cumple una función informativa e interpretativa, sino que también actúa como formador de opinión. No es solo un canal para la circulación de información, sino también un espacio capaz de visibilizar aquello que permanece oculto en la realidad social de un país. Vale la pena enfatizar que el rol principal del periodismo es poner en primera línea una noticia, un hecho o un acontecimiento, y que, hoy, la maternidad dentro de una cárcel –una realidad que encierra cientos de historias– no figura entre las prioridades de la prensa tradicional ni de los medios de comunicación en general.
Utilidad
Chile está en deuda con la sistematización de los datos estadísticos relacionados con el proceso penitenciario femenino, un trabajo que no se ha llevado a cabo de manera ordenada ni periódica: incluso los datos más recientes de GENCHI presentan un rezago de dos años. En ese contexto, instituciones estatales como la Defensoría Penal Pública o el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargan estudios y encuestas para conocer lo que ocurre dentro de las cárceles y así diseñar políticas públicas que permitan mejorar el sistema penal. Sin embargo, pocas veces se presta atención al estado actual de las madres privadas de libertad, por lo que esta investigación busca sumarse a los estudios existentes sobre esta realidad, desde una mirada de género y desde el rol de mujer periodista, involucrando directamente a las instituciones y organizaciones vinculadas al encarcelamiento femenino y a las problemáticas que afectan a estas mujeres en su relación con sus hijos e hijas.
Factibilidad
La factibilidad de esta investigación está asociada al contacto cercano con fuentes vinculadas, de manera directa, a la situación de las mujeres presas, lo que permite llevar a cabo la recopilación de información y antecedentes necesarios. Se trata, además, de una realidad vigente, y el desempeño laboral dentro del mundo institucional –a través de la Defensoría Penal Pública– constituye una vía de acceso directo a las fuentes mencionadas. A esto se suma una relación cercana con integrantes de una pastoral que, en tiempos sin pandemia, acude al C.P.F. de San Joaquín para acompañar a las reclusas y realizar distintos talleres con ellas y sus hijos e hijas, así como contactos con la Red de Acción Carcelaria, fundación dedicada a visibilizar la realidad penitenciaria de las mujeres privadas de libertad en todo Chile. A partir de estos vínculos será posible generar entrevistas con las fuentes señaladas, ya sea de manera telefónica, virtual o presencial, según lo permita la condición sanitaria del momento y la autorización de los organismos estatales respecto del testimonio de las internas, para así acceder a los relatos testimoniales y a la información necesaria. En una primera etapa, el reportaje se presentará en formato escrito, aunque también se está evaluando la posibilidad de desarrollarlo en formato audiovisual, de modo que esté disponible en otros soportes digitales complementarios al texto redactado.
PREGUNTA PROBLEMÁTICA
¿Cómo se vive la maternidad en una cárcel cuando el Estado chileno adeuda las garantías necesarias para que las mujeres privadas de libertad puedan ejercer su derecho a ser madres?
HIPÓTESIS
La maternidad dentro de una cárcel se vive bajo una profunda vulneración de derechos, ya que las madres privadas de libertad que conviven con sus hijos e hijas saben, desde el primer día de cumplimiento de su condena, que el o la menor deberá abandonar el recinto penal al cumplir los dos años de edad. Como se explicó en el punto 1.3.2 (Utilidad), esta situación impide el desarrollo pleno del vínculo entre madre e hijo/a, con consecuencias para ambos. La deuda constante del Estado en materia de maternidad intrapenitenciaria mantiene a estas mujeres en la incertidumbre respecto de la vida y el futuro de sus propios hijos e hijas. Más allá de las acciones de instituciones estatales, privadas, fundaciones u organizaciones que surgen como apoyo y acompañamiento a las reclusas –y que en cierta medida compensan la ausencia de legislación en esta materia–, el Estado chileno, en sí mismo, no se ha hecho cargo de esta realidad, lo que dificulta enormemente convivir entre las rejas y ejercer el rol de madre mientras se cumple una condena privativa de libertad.
OBJETIVO GENERAL
Visibilizar la realidad de la maternidad en una cárcel, en el contexto de la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus, para conocer cómo se vive la maternidad intrapenitenciaria cuando el Estado chileno adeuda las garantías necesarias para que las mujeres privadas de libertad puedan ejercer su derecho a ser madres.
OBJETIVOS OPERACIONALES
– Identificar la importancia de la presencia de una madre en el desarrollo emocional de sus hijos e hijas durante los primeros años de vida.
– Explicar el apego materno y su influencia directa en las consecuencias sociales y afectivas más comunes que puede desarrollar un niño o niña debido a su ausencia.
– Describir la realidad de las mujeres madres privadas de libertad que no han podido ejercer su derecho a la maternidad a causa de las restricciones impuestas por el coronavirus.
– Analizar si las acciones del Estado resultan eficaces para mejorar la situación de la maternidad intrapenitenciaria.